Venezuela vive una etapa que exige serenidad, verdad y responsabilidad histórica. La paz social no es una consigna ni una aspiración retórica: es una construcción jurídica, moral y humana que se fundamenta en el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Hace más de un siglo, el jurista y estadista Benito Juárez expresó una máxima universal que hoy conserva plena vigencia: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.” Esa afirmación no es un ideal abstracto; es un principio rector del derecho público moderno y de la convivencia democrática.
Desde esta perspectiva, corresponde recordar que la Constitución venezolana reconoce la dignidad humana como núcleo del orden jurídico. El artículo 46 establece el derecho de toda persona a la integridad física, psíquica y moral, prohibiendo tratos crueles o degradantes y exigiendo respeto a la dignidad de quienes estén privados de libertad. Este mandato no es optativo: es vinculante para todas las autoridades del Estado.
El Estado de Derecho exige además que ninguna persona sea sometida a restricciones de libertad sin proceso legítimo, con respeto al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia, principios que forman parte tanto del orden constitucional como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Tales normas constituyen garantías universales que preservan la estabilidad social y evitan la erosión institucional que, como advierten estudios contemporáneos, puede surgir cuando la independencia judicial se debilita o se instrumentaliza.
El país enfrenta tensiones que no deben ser ignoradas. Sin embargo, la historia demuestra que la represión, la intolerancia o el abuso del poder nunca producen estabilidad duradera. Por el contrario, profundizan la fractura social y pueden abrir caminos hacia escenarios de confrontación impredecibles.
Este comunicado no es un llamado a la confrontación ni a la polarización.
Es una exhortación pedagógica y diplomática a la responsabilidad colectiva:
• A quienes ejercen el poder público: para que actúen conforme a la ley, garantizando justicia imparcial y respeto a la dignidad humana.
• A la sociedad civil: para que mantenga la firmeza en la defensa de sus derechos dentro del marco de la paz y la convivencia.
• A la comunidad internacional: para que observe con equilibrio y responsabilidad el cumplimiento de los estándares universales de derechos humanos.
La reconciliación nacional no puede edificarse sobre el silencio impuesto ni sobre la mentira .
Solo desde la VERDAD se puede construir la PAZ y la auténtica RECONCILIACIÓN NACIONAL.
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