Por:
Dr. José Antonio Rangel Barón.
Consultor Jurídico de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Coalición Sindical Nacional.
La reconstrucción de Venezuela no comenzará únicamente con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
La reconstrucción de Venezuela comenzará cuando la República recupere plenamente el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos y la seguridad jurídica indispensable para garantizar la libertad, la democracia y el desarrollo económico.
Durante años se ha sostenido que el primer paso para resolver la crisis venezolana consiste en designar nuevas autoridades electorales. Sin embargo, esa visión omite una realidad fundamental: ninguna elección puede generar confianza si previamente no existe una justicia independiente capaz de garantizar el respeto a la Constitución, la protección efectiva de los derechos ciudadanos y la resolución imparcial de los conflictos políticos y electorales.
Antes del árbitro electoral debe existir el árbitro constitucional.
Antes de las elecciones debe existir la justicia.
Antes del voto debe existir seguridad jurídica.
La experiencia venezolana demuestra que la estabilidad democrática no depende exclusivamente de la celebración de elecciones. Depende de la existencia de instituciones capaces de hacer respetar la ley, proteger los derechos fundamentales y garantizar que ningún poder esté por encima de la Constitución.
Por ello, la recuperación del Poder Judicial constituye el verdadero punto de partida de cualquier proceso serio de transición democrática y reconstrucción nacional.
LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO FUNDAMENTO DE LA RECUPERACIÓN NACIONAL.
Los trabajadores venezolanos conocen de primera mano las consecuencias de la destrucción institucional.
La ausencia de independencia judicial ha significado la violación sistemática de derechos laborales, el desconocimiento de convenciones colectivas, la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales y la progresiva desaparición de las garantías constitucionales que durante décadas protegieron a los trabajadores venezolanos.
Pero la inseguridad jurídica no afecta únicamente a los trabajadores.
Afecta también a los empresarios.
A los productores.
A los inversionistas nacionales e internacionales.
A las universidades.
A las academias.
A las iglesias.
A las organizaciones civiles.
A los millones de venezolanos que hoy viven en el exilio.
Nadie invierte donde no existe seguridad jurídica.
Nadie regresa a su país sin garantías para sus derechos y su patrimonio.
Nadie construye futuro cuando la ley deja de ser el límite del poder.
Por ello, la recuperación económica de Venezuela pasa necesariamente por la recuperación de la justicia.
La seguridad jurídica es el cimiento sobre el cual se construyen la inversión, el empleo, la producción, la estabilidad social y la confianza ciudadana.
LA LEGITIMIDAD DE ORIGEN Y LA CONTINUIDAD CONSTITUCIONAL
La Asamblea Nacional elegida por el pueblo venezolano en diciembre de 2015 constituyó la última expresión institucional ampliamente reconocida de la soberanía popular y de la voluntad democrática de los venezolanos.
Su legitimidad fue reconocida dentro y fuera del país como la representación política nacida de un proceso electoral libre y competitivo.
Desde esa legitimidad democrática, la Asamblea Nacional asumió la responsabilidad histórica de preservar la continuidad constitucional de la República frente al progresivo colapso institucional venezolano.
En ese contexto, el 16 de julio de 2017 millones de venezolanos participaron en una consulta popular ciudadana que expresó de manera contundente el rechazo a la ruptura del orden constitucional y la voluntad de recuperar la institucionalidad democrática del país.
Aquella movilización ciudadana constituyó una de las mayores manifestaciones democráticas de la historia contemporánea de Venezuela y representó un mandato político inequívoco en favor de la restitución del Estado de Derecho.
Pocos días después, la Asamblea Nacional procedió a designar y juramentar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia conforme a las atribuciones que consideró derivadas de la Constitución y de la necesidad de preservar la continuidad institucional de la República.
Los magistrados fueron designados para ejercer el período constitucional de doce años previsto en el artículo 264 de la Constitución.
Su nombramiento no fue producto de acuerdos partidistas ni de negociaciones políticas coyunturales.
Fue una decisión institucional adoptada por el órgano que para ese momento representaba la legitimidad democrática de origen emanada del voto popular.
NUEVE AÑOS DE RESISTENCIA INSTITUCIONAL.
Las circunstancias políticas impidieron que los magistrados pudieran ejercer físicamente sus funciones dentro del territorio nacional.
Muchos fueron perseguidos.
Otros debieron exiliarse.
Todos enfrentaron enormes dificultades personales y profesionales.
Sin embargo, lejos de abandonar sus responsabilidades institucionales, continuaron ejerciendo desde el exterior la defensa de los principios constitucionales que justificaron su designación.
Durante años desarrollaron actividades jurisdiccionales, emitieron decisiones, formularon pronunciamientos y mantuvieron viva la existencia de una referencia jurídica e institucional distinta a la estructura judicial controlada por el poder político.
A su legitimidad de origen debe añadirse hoy una legitimidad histórica construida durante nueve años de resistencia institucional.
Nueve años de defensa de la Constitución.
Nueve años de defensa de los derechos humanos.
Nueve años de defensa de la democracia.
Nueve años de lucha por preservar el hilo constitucional de la República.
Esa trayectoria forma parte del patrimonio institucional de la nación y no puede ser ignorada en ningún proceso serio de reconstrucción democrática.
EL TSJ LEGÍTIMO COMO GARANTÍA DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.
Existe una realidad jurídica fundamental que no puede ser desconocida.
La última instancia para resolver los conflictos electorales no es el Consejo Nacional Electoral.
La última instancia es la jurisdicción constitucional y electoral.
Es allí donde se conocen las impugnaciones.
Es allí donde se protegen los derechos políticos.
Es allí donde se garantiza el respeto a la voluntad popular.
Es allí donde se resuelven las controversias entre ciudadanos, candidatos y organizaciones políticas.
Por ello, pretender reconstruir primero el sistema electoral sin restablecer previamente la confianza en el sistema judicial equivale a construir sobre bases frágiles.
Un nuevo CNE sin justicia independiente seguiría siendo vulnerable.
Una elección sin garantías jurisdiccionales seguiría siendo cuestionable.
Un proceso político sin árbitro constitucional seguiría estando incompleto.
La restauración de la justicia proporciona el piso jurídico indispensable para reconstruir todas las demás instituciones del Estado.
LA HOJA DE RUTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL:
Desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), junto a amplios sectores de la sociedad civil democrática, consideramos que el proceso de reconstrucción nacional debe desarrollarse conforme a un orden lógico, constitucional e institucional:
Primero, la restauración efectiva del Estado de Derecho.
Segundo, la recuperación de la independencia del Poder Judicial y la restitución de la confianza en la administración de justicia.
Tercero, el reconocimiento y fortalecimiento de las instituciones legítimas llamadas a garantizar la continuidad constitucional de la República.
Cuarto, la restitución plena de los derechos civiles, políticos, sociales y sindicales.
Quinto, la designación de un nuevo Poder Electoral verdaderamente independiente.
Sexto, la celebración de elecciones libres, transparentes, competitivas y verificables.
Ese orden responde a los principios republicanos y a la experiencia histórica de las democracias que lograron superar procesos de autoritarismo y reconstruir sus instituciones.
LA HORA DE LA JUSTICIA:
Venezuela necesita mucho más que una elección.
Necesita recuperar la República.
Necesita recuperar la Constitución.
Necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos.
Necesita recuperar la seguridad jurídica indispensable para atraer inversiones, generar empleo y facilitar el regreso de millones de venezolanos dispersos por el mundo.
No habrá reconciliación nacional sin justicia.
No habrá inversiones sin seguridad jurídica.
No habrá prosperidad sin instituciones legítimas.
No habrá democracia estable sin independencia judicial.
Por ello, la restauración de la justicia debe ocupar el primer lugar en la agenda nacional.
Porque antes del CNE está el Estado de Derecho.
Antes de las elecciones está la Constitución.
Antes de la política está la justicia.
Y porque la reconstrucción de Venezuela exige recuperar el hilo constitucional que mantiene viva la legitimidad de la República.
Sólo así podremos construir una Venezuela democrática, productiva, libre, reconciliada consigo misma y respetada por la comunidad internacional.
About the Author
