Más allá de una negociación política: el inicio de la reconstrucción institucional del país.
Los acontecimientos recientes relacionados con la apertura de contactos entre representantes del gobierno venezolano y sectores vinculados a la Asamblea Nacional electa en 2015 han generado numerosas interpretaciones dentro y fuera del país. Algunos observadores los presentan como una simple negociación política; otros los interpretan como una disputa de legitimidades o de liderazgos dentro de la oposición democrática.
Sin embargo, una lectura más amplia y estratégica permite comprender que Venezuela podría estar entrando en una nueva etapa del proceso de transición: una fase definitiva destinada a crear las condiciones institucionales necesarias para la recuperación democrática de la República.
La crisis venezolana dejó de ser hace muchos años una controversia exclusivamente electoral. Se convirtió en una crisis estructural del Estado, de sus instituciones, de la confianza ciudadana y de la capacidad de la República para garantizar derechos, justicia, desarrollo y estabilidad.
Por ello, la solución tampoco puede limitarse a la celebración de unas elecciones. Antes de ello es indispensable reconstruir las instituciones que harán posible que esas elecciones sean legítimas, verificables y reconocidas por todos los venezolanos.
El Consejo Nacional Electoral: punto de partida para la reconstrucción democrática.
Toda transición democrática requiere un árbitro electoral confiable.
La discusión sobre la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral debe entenderse precisamente en ese contexto. No se trata simplemente del nombramiento de funcionarios, sino de la reconstrucción de la institución llamada a garantizar la expresión soberana de la voluntad popular.
Sin un organismo electoral independiente, técnicamente competente, equilibrado y creíble, ningún proceso electoral podrá producir la legitimidad política necesaria para estabilizar el país.
La construcción de un nuevo sistema de garantías electorales constituye, por tanto, una condición imperativa previa para la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales que permitan iniciar una nueva etapa de institucionalidad y de normalización democrática.
La credibilidad del voto comienza por la credibilidad del árbitro.
Complementariedad institucional y liderazgo político
Resulta equivocado interpretar este proceso como una competencia entre actores democráticos.
La realidad política venezolana demuestra la existencia de distintos factores de legitimidad que deben actuar de manera complementaria.
Por una parte, la Asamblea Nacional electa en 2015 conserva un importante reconocimiento político e internacional derivado de su origen democrático. La participación de su representación en eventuales conversaciones constituye un reconocimiento práctico de esa legitimidad institucional.
Por otra parte, el liderazgo político expresado por María Corina Machado representa una realidad política incuestionable. Las elecciones primarias y los acontecimientos políticos posteriores evidenciaron un respaldo ciudadano ampliamente mayoritario alrededor de su liderazgo y de la propuesta de cambio democrático que encabeza.
Lejos de ser factores contradictorios, ambas dimensiones pueden entenderse como elementos complementarios dentro de una estrategia nacional orientada hacia la recuperación democrática.
La transición venezolana requiere sumar legitimidades, no fragmentarlas.
La historia demuestra que los grandes procesos de cambio nacional exigen la convergencia de liderazgos políticos, instituciones legítimas y respaldo ciudadano.
La dimensión judicial de la reconstrucción institucional:
La restauración del Estado de Derecho exige igualmente abordar la reconstrucción del sistema de justicia.
Desde esta perspectiva, numerosos sectores sostienen que cualquier discusión seria sobre la transición debe considerar la situación de los magistrados designados por la Asamblea Nacional de 2015 conforme a los procedimientos constitucionales y legales entonces vigentes.(cuyo periodo aún se encuentra vigente).
Más allá de las controversias políticas existentes, resulta evidente que la reconstrucción institucional de Venezuela requerirá la existencia de un Poder Judicial independiente, autónomo y confiable.
La justicia será uno de los pilares fundamentales sobre los cuales deberá edificarse la nueva República.
La seguridad jurídica, la protección de los derechos humanos, la recuperación de la inversión, la reconciliación nacional y la estabilidad democrática dependen en gran medida de la fortaleza y credibilidad de las instituciones judiciales.
. La reconstruction de las Fuerzas Armadas institucionales.
La transición debe ser una obra colectiva de toda la nación.
La reconstrucción de Venezuela no puede ser responsabilidad exclusiva de los partidos políticos ni de los actores institucionales que participen en una eventual negociación.
La magnitud de la crisis exige un esfuerzo mucho más amplio, profundo e incluyente, capaz de convocar a todos los sectores de la sociedad venezolana alrededor de un objetivo común: la reconstitución democrática, institucional, económica y moral de la República.
Las grandes transformaciones nacionales no se construyen desde la exclusión sino desde la participación.
Por ello, cualquier proceso de transición deberá abrir espacios reales para la incorporación de los trabajadores, estudiantes, empresarios, productores, universidades, academias, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales, iglesias, asociaciones vecinales, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y la inmensa diáspora venezolana dispersa por el mundo y la inmediata Libertad de todos los presos políticos.
La sociedad civil organizada constituye una de las mayores reservas morales e institucionales de la nación. Durante años ha sostenido la defensa de los derechos humanos, la educación, la salud, la libertad sindical, la asistencia social, la investigación académica y la preservación de los valores democráticos.
Su participación no debe ser considerada complementaria, sino esencial.
El papel de los trabajadores organizados y del movimiento sindical:
Dentro de ese gran proceso de concertación nacional, la representación de los trabajadores ocupa un lugar fundamental.
La recuperación económica, la reconstrucción productiva y la paz social requieren la participación activa del movimiento sindical democrático venezolano.
Los trabajadores han soportado durante años el peso de la emergencia humanitaria, el deterioro salarial, la destrucción de los servicios públicos y la pérdida progresiva de derechos laborales.
Por ello, su incorporación a una eventual mesa nacional de transición constituye una necesidad democrática y social.
Las organizaciones sindicales independientes, junto con los gremios profesionales y el sector productivo nacional, pueden aportar experiencia, capacidad organizativa y legitimidad social a la construcción de los acuerdos que permitan recuperar la institucionalidad económica y laboral del país.
No habrá reconstrucción nacional sin reconstrucción del trabajo digno.
Hacia un Consejo Nacional para la Transición y la Reconstitución de la República:
La experiencia internacional demuestra que las transiciones exitosas suelen apoyarse en mecanismos institucionales capaces de coordinar acuerdos políticos, reformas institucionales y garantías democráticas.
Venezuela podría requerir una instancia nacional de transición integrada por representantes de los distintos sectores políticos, institucionales y sociales comprometidos con la recuperación democrática.
Dicha instancia debería orientarse a alcanzar objetivos concretos:
• Reconstrucción del Estado de Derecho.
• Recuperación de la independencia de los poderes públicos.
• Reforma y fortalecimiento del sistema electoral.
• Garantías para la participación política.
• Liberación de los presos políticos.
• Retorno seguro de los exiliados.
• Recuperación económica nacional.
• Protección de los derechos humanos.
• Restablecimiento de la confianza institucional.
• Convocatoria de elecciones libres, transparentes y verificables.
Más que un organismo de reparto de poder, debería convertirse en un mecanismo de coordinación para la reconstrucción institucional de la República.
La hora de la reconstitución nacional.
La verdadera discusión ya no gira únicamente alrededor de quién gobierna hoy, sino de cómo construir las condiciones que permitan a Venezuela volver a ser una República plenamente democrática, institucional y funcional.
La transición no debe entenderse como un simple relevo de actores políticos.
Debe concebirse como un proceso histórico de reconstrucción nacional.
La recuperación de la democracia exige liderazgo, visión estratégica, capacidad de concertación y sentido de Estado.
Venezuela necesita una gran alianza nacional capaz de reunir a los sectores democráticos, institucionales, sociales, académicos, religiosos, empresariales, sindicales y comunitarios alrededor de un objetivo superior: reconstruir la República.
Más que una negociación entre adversarios, el desafío consiste en sentar las bases de una nueva institucionalidad que permita a los venezolanos reencontrarse con la libertad, la justicia, la prosperidad y la convivencia democrática.
La transición será exitosa en la medida en que logre transformarse en una gran obra colectiva de toda la nación venezolana.
Ese es el verdadero desafío histórico de nuestra generación: no solamente cambiar un gobierno, sino reconstituir la República.
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