El 20 de julio de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República de Colombia un proyecto de ley bajo el rótulo de “paz total”, cuyo contenido real y devastador consiste en otorgar beneficios penales y reducciones de condena a delincuentes ya procesados, juzgados y condenados con sentencia firme por crímenes atroces. Esta propuesta no solo viola los principios fundamentales del Derecho, sino que representa una amenaza directa al orden constitucional, a la justicia penal y a los valores éticos y morales sobre los que se sustenta la sociedad colombiana.
1. Principios constitucionales en peligro:
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 29 el principio de legalidad penal y debido proceso, el cual garantiza que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes, ni condenado sino en virtud de prueba legalmente obtenida. Este artículo también consagra el principio de irretroactividad de la ley penal, salvo cuando la nueva ley sea favorable al reo.
Sin embargo, esta excepción no puede aplicarse de forma generalizada, automática ni discrecional, y mucho menos a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, reclutamiento forzado de menores, secuestros, torturas, o narcotráfico sistemático, los cuales, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son imprescriptibles y no pueden beneficiarse de medidas de amnistía.
El artículo 250 de la Constitución obliga a la Fiscalía a investigar los delitos y proteger a las víctimas, no a negociar con los criminales su reingreso a la sociedad sin una verdadera garantía de reparación, justicia y no repetición.
2. La cosa juzgada y el valor de la sentencia firme:
El principio de la cosa juzgada es uno de los pilares del orden jurídico. Según la Corte Constitucional de Colombia, “la cosa juzgada es la garantía de estabilidad de las decisiones judiciales y del derecho a la seguridad jurídica de las partes y de la sociedad” (Sentencia C-774 de 2001). Romper con este principio para modificar sentencias firmes, sin base probatoria ni razones jurídicas legítimas, socava el Estado de Derecho y convierte al sistema de justicia en instrumento político.
3. Doctrina jurídica y pensamiento universal:
Doctrinarios como Hans Kelsen, Norberto Bobbio y Radbruch han advertido que la ley no es justa por ser ley, sino cuando responde a la justicia como valor superior del orden jurídico. Según Bobbio, “el derecho sin justicia es pura técnica de dominación”.
La paz duradera, desde la filosofía política de Kant en su “Proyecto de paz perpetua”, se funda en la justicia entre ciudadanos y Estados, no en la impunidad ni en el abandono del derecho. Como también lo afirmó Rousseau, “la fuerza no hace el derecho, y el hombre está obligado a obedecer sólo a los poderes legítimos y justos”.
Las Constituciones democráticas modernas (como la de Francia, España, Italia, Alemania o Chile) rechazan categóricamente toda amnistía que beneficie a autores de crímenes de lesa humanidad. Colombia, signataria del Pacto de San José de Costa Rica y del Estatuto de Roma, está obligada internacionalmente a garantizar que tales crímenes sean sancionados y que sus responsables no evadan la justicia.
4. ¿Qué paz puede nacer de la impunidad?
La paz no puede ser un pretexto para favorecer a criminales. Los derechos de las víctimas (a la verdad, a la justicia y a la reparación) son inalienables. Pretender liberar a quienes secuestraron, asesinaron, desaparecieron o reclutaron menores desconoce el sufrimiento de miles de familias colombianas humildes, y entrega a la sociedad un mensaje devastador: “que el crimen paga si se disfraza de causa política”.
El reciente intento de magnicidio contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ejecutado por un joven de 14 años, evidencia cómo las estructuras criminales siguen operando desde las cárceles y adoctrinan a menores para perpetuar el ciclo del crimen.
5. Llamado al pueblo, a los jueces Constitucionales y al Congreso de la República.
Desde estas líneas hacemos un llamado de alerta y responsabilidad al pueblo colombiano, a los legisladores, a los jueces, a la Fiscalía General, a la Procuraduría y a toda la institucionalidad democrática del de Colombia , para que no se presten a este chantaje político, revestido de “paz”, pero dirigido a destruir la justicia y a consolidar el poder de mafias y guerrillas mediante la propuesta de “Un perdón generalizado”.
La Pena aplicada a un delito es de aplicación doctrinariamente individual, no puede desnaturalizarse .
La clase política que se preste a esta maniobra cargará con la responsabilidad histórica de haber debilitado aún más los principios morales de la Nación, permitiendo la impunidad, negando el derecho de las víctimas y abriendo las puertas a un nuevo ciclo de violencia.
LA JUSTICIA NO ES NEGOCIABLE:
“Una democracia se mide por cómo se trata a las víctimas y cómo sanciona a los victimarios” .
Si la ley se convierte en instrumento político de supuesto perdón político para criminales condenados”, se rompe el pacto social y se degrada la esencia misma de la República.
No habrá paz sin justicia. No habrá futuro para Colombia si se sacrifica el derecho en el altar de la impunidad.
JARB
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